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La regulación del cannabis en el continente asiático.

Por: Soft Secrets, January 16, 2018

Héctor Brotons Albert (abogado y asesor jurídico de la Federación de Asociaciones Cannábicas), Director del Estudio Jurídico BROTSANBERT.

El cannabis ya forma parte de la cultura popular occidental. Fruto de su creciente normalización social se comienza a vislumbrar en occidente una tendencia generalizada hacia su legalización y regulación. En los últimos años, ante el fracaso de las políticas prohibicionistas, varios países de Europa y América -Estados Unidos, Portugal, Colombia, Uruguay, Grecia, entre otros- han adoptado diversos modelos de regulaciones que de una forma u otra, despenalizan, toleran o regulan el uso y consumo del cannabis con fines médicos y recreativos.

No obstante,  ¿qué sucede en los países que escapan de nuestra esfera cultural? ¿se confirma la tendencia regularizadora? En el presente artículo abordaremos esta incógnita, tratando de arrojar luz sobre la regulación del cannabis en Asia, aportando ejemplos de cinco países asiáticos -China, la India, Japón, Filipinas y Turquía- con distintos modelos de regulación, incidiendo en la cuestión de la tenencia y sus consecuencias legales.

Hemp Shop en la estación de Shimokitazawa (Japón), foto realizada por Peerterv

Regulación en China

El cannabis en China tiene unos orígenes ancestrales. Según estudios arqueológicos, su plantación para el uso como tejido podría remontarse al año 8.000 a.C.  Estrechamente ligado a la filosofía taoísta, su uso era común en los rituales chamánicos, y la planta jugaría un papel como alimento de los gusanos de seda, que producían un material determinante en el desarrollo histórico de todo el continente asiático.

Sin embargo, el cannabis en China es expresamente ilegal desde 1985, cuando el país se suma a la Convención de Sustancias Psicotrópicas y reconoce el cannabis como una sustancia peligrosa e ilegal. Desde entonces, se encuentra vigente legislación sancionadora en los ámbitos penal y administrativo, que prohíbe de forma integral el tráfico, transporte, consumo y cultivo.

Por un lado, en el Código Penal Chino, el cannabis queda en la práctica clasificado bajo la categoría de “otras drogas”, y prevé incluso penas de cadena perpetua y pena de muerte para los delitos de “grandes cantidades”, aunque dichas cantidades sólo quedan tipificadas para el caso del opio, la heroína y la metilanina, dejando la puerta abierta a la interpretación jurisprudencial de lo que se considera grandes cantidades de cannabis.

Junto con esto, también es un delito penado con la prisión el cultivo de cannabis. El Código Penal establece que cualquier cultivo de marihuana debe ser eliminado y prescribe penas de hasta 5 años de prisión, detención o vigilancia penal, además de pena de multa, para aquellos que se resistan a la eliminación o que tuvieran un número relativamente grande de plantas o semillas, sin tipificar, de nuevo, la cantidad penalmente sancionable ni aludir a posibles circunstancias modificativas o extintivas de la responsabilidad criminal, como el destino al consumo propio.

Por otro lado, a nivel administrativo, la ley equivalente a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana española, vuelve a sancionar con multas de hasta 3.000 yuanes, -387 euros- y hasta penas de detención de 10 a 15 días para aquellos que cultiven, posean o transporten una “cantidad pequeña” de plantas.

La falta de tipificación expresa de las cantidades en ambos casos delimita un línea muy estrecha y flexible entre la sanción administrativa y el delito penal, suponiendo una falta de seguridad jurídica para el consumidor habitual y el ejercicio del autocultivo. Así sucede de forma similar en nuestra legislación. Además, la contemplación de penas privativas de libertad en el ámbito del derecho sancionador administrativo y de la pena de muerte, vulneran los principios generales del Estado de Derecho e implican un atentado grave contra los derechos humanos y civiles.

Regulación en la India

Fruto de la tradición histórica del país, durante las negociaciones de la Convención Única sobre Estupefacientes, firmada en Nueva York en marzo de 1961, la India se opuso a la inclusión del cannabis en la categoría de droga dura, pero el tratado le obligaba a reprimir el uso de drogas recreativas en un plazo de 25 años. Al final de este plazo, la India aprobó la Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en 1985, que aportaba su propia definición de “cannabis (hemp)”: (A) Charas, es decir, la resina separada, en cualquier forma, ya sea cruda o purificada, obtenida de la planta de cannabis, e incluye también la preparación concentrada y la resina conocida como aceite de hachís o hachís líquido; B) Ganja, es decir, los topos de floración o fructificación de la planta de cannabis (con exclusión de las semillas y las hojas cuando no vayan acompañados de las cimas), por cualquier nombre que se conozca o designe; y C) cualquier mezcla, con o sin material neutro, de cualquiera de las formas mencionadas de cannabis o cualquier bebida preparada a partir de las mismas.

Desde la aprobación de esta ley, la tenencia, venta, transporte y cultivo de cannabis son ilegales a nivel federal. En cuanto al cultivo, se prescribe pena de hasta 10 años y multa hasta 1lakh de rupias (1.840 euros) para el cultivo de cualquier planta de cannabis. Sobre la tenencia se distingue entre pequeña cantidad (desde 1 kilo) y cantidad comercial (desde 20 kilos), prescribiendo pena de prisión de hasta 6 meses, o multa de 10.000 rupias (135 euros) si se trata de una cantidad menor a la pequeña cantidad, pena de prisión de hasta 10 años y multa hasta 1 lakh de rupias si se trata de una cantidad mayor a la pequeña cantidad pero inferior a la cantidad comercial y, por último, si es superior a la cantidad comercial, pena de prisión entre 10 y 20 años y multa de 1 a 2 lakh de rupias (3.680 euros).

No obstante, es importante tener en cuenta la regulación del Estado federado en el que nos encontremos, ya que varios Estados del este han adoptado regulaciones permisivas sobre ciertos usos. Son casos como los Estados de West Bengal, Gujarat, Bihar y Odisha, o Uttarakhand, que en 2015 legalizarían el cultivo de cannabis para fines industriales.

Cultivo en Turquía, foto de Gonzophoto

Cultivo en el Himalaya, foto de TomVersteege

Cuestión diferente es la relativa al bhang, una bebida espiritual muy popular hecha a base de semillas y hojas de cannabis, elementos que quedan expresamente excluidos de la definición legal del cannabis, lo que ha permitido la instalación de puntos de distribución autorizados por el gobierno en ciudades como Jaisalmer, Puri y Varanas. No obstante, Estados como Assam o Maharashtra cuentan con sus propias Actas de Prohibición, que prohíben el bhang o que establecen cantidades máximas de tenencia.

Fruto de los avances en la normalización del consumo es la creación, en 2014 del Great Legalisation Movement de la India, un movimiento civil que pretende llevar a cabo una labor pedagógica y luchar por la legalización integral del cannabis en la India, que celebró en el año 2015 el primer ciclo de conferencias médicas sobre el cannabis en Bengaluru, Pune, Mumbai y Delhi. O las manifestaciones realizadas por el parlamentario Tathagata Satpathy en televisión, afirmando haber consumido cannabis en varias ocasiones.

No cabe duda de que la India, un país cuya economía ha florecido en los últimos años y que ha visto aumentado su protagonismo y participación en la geopolítica, está en vías de, acorde con la tendencia internacional, adoptar una regulación sobre el cannabis que permita proveer a los consumidores habituales de una forma controlada y segura. 

Regulación en Japón

El uso del cannabis en Japón no es especialmente popular. Aunque alcanzó su auge en la década de los 70, otras drogas como las anfetaminas siempre han estado por delante en su consumo.   Las presiones sociales características de la sociedad nipona y el estigma de la detención han contribuido a mantener una regulación antigua y rígida, que choca con los avances legales en otras materias como la tecnología o el juego.

En Japón, la regulación del cannabis se encuentra en la Cannabis Control Act, desarrollada desde 1930, con reformas en los años 1947, 1948 y 1963. La reforma más importante fue la de 1948, que introdujo un sistema de licencias para vendedores de cannabis con fines científicos y castigos por uso o venta sin licencia.

La Cannabis Control Act incluye en el concepto de cannabis la propia planta Cannabis Sativa L, además de sus sustancias extraídas y manufacturadas (salvo el tallo) así como las semillas.

En cuanto al cultivo legal, éste se encuentra limitado: se parte del concepto de “manipulador de cannabis”, que a su vez engloba al “cultivador de cannabis” (que cultiva el cannabis con la finalidad de obtener la fibra o las semillas) y al “investigador del cannabis” (que cultiva el cannabis con fines de investigación científica). En base a esto, solamente los manipuladores de cannabis que cuenten con la licencia emitida por el Gobernador de la Prefecturas pueden poseer, cultivar, recibir o transferir cannabis, y únicamente podrán hacerlo hacia los “manipuladores de cannabis”, lo que limita su uso a los fines de investigación científica. Estas autorizaciones o licencias no pueden ser entregadas a adictos al cannabis, caducan el 31 de diciembre de cada año y se habrá de pagar la tasa fijada por la Ordenanza al Gobierno de la Prefectura.

De forma que, fuera de estos supuestos limitados, el cultivo y la tenencia con finalidades médicas y recreativas, no sólo es ilegal sino que además está penado. En caso del cultivo, con una pena de prisión con trabajo de hasta 7 años , y de hasta 10 años con posible multa de 3 millones de yenes (23.250 euros) si concurre ánimo de lucro. En cuanto a la posesión, toda persona que posea cannabis será sometida a una pena de trabajos forzados de hasta 7 años con posible multa de 2 millones de yenes (15.500 euros).

Regulación en Filipinas

La regulación respecto al cannabis de Filipinas se caracteriza por ser especialmente prohibitiva y restrictiva. Se rige según lo dispuesto en la Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act No. 9165, que sustituye a la anterior legislación sobre drogas. También crea el Organismo Filipino de Lucha Contra las Drogas, bajo la dirección directa del presidente.

Esta ley contiene una definición amplia de cannabis. Abarca todo tipo, clase, género o especie de la planta cannabis sativa L. incluyendo, pero no limitado a: cannabis americana, hachís bhang, guaza, churrus y ganjab. También se refiere a cualquier forma y carácter, ya sea frutos secos o frescos, cualquier parte de la planta y todas sus formas, ya sea como resina, extracto, etc.

Las penas correspondientes a posesión de lo que la ley considera como “drogas peligrosas” (entre ellas el cannabis), se regulan en función de la cantidad intervenida, así: implica la pena de cadena perpetua y una multa de 500.000 a 10 millones de pesos (172.500 euros) si la cantidad de resina de marihuana o aceite es superior a 10 gramos (o 500 gramos de marihuana). Pena de prisión de 20 años y un día hasta cadena perpetua y multa de 400.000 a 500.000 pesos (8.625 euros) si la cantidad oscila entre 5 y 10 gramos de resina o aceite (o de 300 a 500 gramos de marihuana). Y pena de prisión de 12 años y un día a 20 años y de multa de 300.000 a 400.000 pesos (6.900 euros) si la cantidad es inferior a 5 gramos de resina o aceite (o inferior a 300 gramos) .

Guia de la India, foto de Juanito Manoverde

También se impondrá la pena relativa a la tenencia de mayor cantidad -la cadena perpetua- a cualquier persona que posea cualquier droga en fiestas, eventos sociales o encuentros, o en la proximidad de al menos dos personas, independientemente de la cantidad y la pureza de las drogas. Es decir, con esta regulación inhumana no solamente se castiga cualquier relación con el cannabis, sino que se castiga la mera sospecha.

Otra cuestión que atenta gravemente contra los derechos civiles son los tests o pruebas de drogas, que serán obligatorio superar en caso de solicitar una licencia de conducir o de armas, y serán aleatorios para estudiantes de escuelas secundarias y terciarias y funcionarios y empleados de oficinas públicas y privadas, con la pena de suspensión según lo dispuesto en el Código del Trabajo. También se le deberá realizar esta prueba a cualquier acusado por la Fiscalía de un delito con una pena no inferior a 6 años y a los candidatos a cargos públicos.

Casa de cultivo en la India , foto de Juanito Manoverde

Además, a cualquier persona aprehendida o arrestada en dependencias policiales que no supere el test, se le impondrá una sanción de un mínimo de 6 meses de rehabilitación en un centro gubernamental por la primera infracción y una pena de 6 a 12 años de prisión si sucede una segunda vez. Es decir, cualquier persona puede perder la libertad por el simple hecho de haber consumido cannabis, independientemente del momento en el que lo hizo, siempre que de positivo en un test y sin atender a razones subjetivas como el uso médico.

Charas indio, foto de Juanito Manoverde

Por último, la ley también cierra rotundamente la puerta al cultivo, condenándolo con cadena perpetua y multa de 10 millones de pesos (172.500 euros). Esta legislación represiva se ha visto implementada especialmente por el recientemente electo Presidente, Rodrigo Duterte, que ha puesto en marcha una campaña integral para acabar con los consumidores de drogas y los pequeños y grandes traficantes. Desde que llegó al poder han perdido la vida, según confirma la cadena de noticias filipina Rappler, 1.571 presuntos traficantes y consumidores de drogas. Muertes “bajo investigación”, sospechosos abatidos por la policía, al parecer, por resistencia a la autoridad. En definitiva, las ejecuciones extrajudiciales se encuentran a la orden del día. Como parte del plan, la policía ha visitado más de 940.000 hogares, efectuado más de 16.000 detenciones y ha obligado a entregarse a más de 700.000 personas (de las que se dice que poco más de 50.000 son traficantes y el resto consumidores).

Esta situación legal, junto con la muerte en el año 2013 de Moon Jaden Yutuc, que padecía síndrome de Dravet, abrió la veda sobre el debate del acceso al cannabis medicinal, generando un  gran movimiento cívico a favor de la regulación con fines médicos que ha obtenido protagonismo en los últimos años. Se trata de la Philippine Cannabis Compassion Society, que lucha por la regulación del cannabis con fines medicinales y cuyos miembros realizan su labor bajo la estrecha vigilancia del Estado. Este movimiento, presentó el 30 de junio de 2016 el Proyecto Nº 180, la Philippine Compassionate Medical Cannabis Act, a través del congresista Rodolfo T. Albano III. El proyecto de ley busca “que el paciente tenga acceso a cannabis medicinal seguro, asequible y disponible, prescrito por un médico registrado en los casos en que se ha demostrado que el cannabis es eficaz en la prevención, tratamiento y síntomas de las enfermedades”.

Regulación en Turquía

Existen evidencias que sugieren que el cannabis se ha cultivado en Turquía desde el año 1.000 a.C, habiéndose encontrado restos de fibras de cáñamo en la antigua ciudad de Gordion, cerca de la actual Ankara. Durante la época del Imperio Otomano (1299-1922), el hachís gozaba de gran aceptación. El sufismo realizaba un uso sacramental del cannabis y muchos salones y cafeterías permitían el uso en sus instalaciones. Sin embargo, Turquía y Egipto fueron dos de los países que más insistieron sobre la inclusión del cannabis en la Convención sobre Estupefacientes. A día de hoy, el uso recreativo del cannabis es directamente ilegal en Turquía. Pese a esto, su uso con estas finalidades es común, especialmente en Estambul y el área de Tarlabasi, y no suele llevar mayores complicaciones siempre que se realice con discreción.

Para conocer las prohibiciones que recaen sobre el uso recreativo del cannabis en Turquía tendremos que acudir al Código Penal Turco, que lo regula desde una óptica prohibicionista. Aunque en él no se hace una referencia explícita al cannabis, éste queda englobado bajo el concepto de “drogas adictivas o excitantes/relajantes” y se establecen penas de prisión de uno a dos años por la tenencia destinada al uso. Tanto en caso de tenencia, como de cultivo para consumo propio, se impone la obligación de recibir un tratamiento y/o libertad condicional de hasta tres años, a decidir los tribunales si los condenados rechazan el tratamiento o no cumplen con los requisitos de la libertad condicional. Una persona bajo tratamiento o control en una institución está obligada a cumplir con los requisitos, que implican, entre otros, la asignación de un especialista para guiar a la persona bajo control.

Por otro lado, la venta y el suministro se castiga con una pena de prisión de 5 a 10 años, la producción o el tráfico sin licencia por un período mínimo de 10 años.

Pese a la rotunda ilegalidad del uso de cannabis con fines recreativos, conviene destacar que, con fines médicos y científicos, el cultivo del cannabis es legal en 19 provincias -Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat y Zonguldak- . Publicado en la Gaceta Oficial a finales de septiembre, de 2016 “El Cultivo del Cáñamo y el Control de los Reglamentos” permitirá la producción de cannabis altamente controlada y supervisada por el Ministerio, cuyos funcionarios revisarán los campos de cannabis antes del comienzo de la temporada de cosecha para vigilar cualquier signo de actividad ilegal. Según los reglamentos, los productores deben obtener permiso del gobierno para permitirles cultivar la planta por un período de tres años, además deben tener una autorización que demuestre que no han participado en ninguna actividad ilegal de producción de cannabis o uso de narcóticos en el pasado. Los reglamentos también estipulan que los cultivadores autorizados deben disponer de todas las partes de la planta de cannabis, después del período de cosecha, para evitar que se vendan como una droga psicoactiva.

Conclusión

En conclusión con todo lo expuesto, debemos señalar el carácter esencialmente prohibitivo de las regulaciones sobre el cannabis en el continente asiático. Las elevadas penas de prisión y multas sobre la tenencia, así como el uso de condenas excepcionales como la cadena perpetua, relegan a la clandestinidad al consumidor habitual. Pese a esto, también valoramos con optimismo los pequeños pasos legales que se van dando, especialmente en el uso terapéutico y destacamos la labor del creciente activismo cannábico, gracias al cuál, confiamos, más pronto que tarde se producirán cambios tendentes hacia la regulación, en concordancia con la tendencia de otros continentes.

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