El éxito de estas tiendas fue rotundo, hasta el punto de que se registraron largas colas en algunos, que se convirtieron en portada de los principales medios del país. Las autoridades, alertadas por el gran impacto social que se generó, reaccionaron con detenciones y clausurando locales.

Por supuesto, el cierre de los coffee shops franceses salpicó al Gibierno de Macron. Su ministra de Sanidad, Agnès Buzyn, asumió que había un vacío legal sobre el cannabidiol, pero pidió a las autoridades mano dura con este tipo de locales, bajo la excusa de que podrían vender productos ‘potencialmente peligrosos para la salud’.

Esta polémica ha empujado a carios cargos públicos socialistas del partido de Macron, Los Verdes y varios médicos hayan pedido en una tribuna la legalización del cannabis medicinal. De momento, el Ejecutivo ha asegurado que no se opone a esta regulación, pero no ha tomado ninguna decisión concreta al respecto.

De momento, se han anunciado reducciones de las sanciones por consumo de marihuana, desde que el pasado enero, el ministro de Interior Gérard Collomb se mostrara favorable a sancionar a los consumidores con multas de entre 150 y 200 euros, frente a las sanciones de 3.750 euros que se imponen actualmente.